El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, Luis R. ‘’Narmito’’ Ortiz Lugo se expresó a favor de la medida que establece el salario base para oficiales correccionales en $2,350 mensuales.
La postura del legislador se dio a conocer durante la vista pública que realizó hoy, jueves, sobre el Proyecto del Senado 459 para crear la “Ley para un Salario Base a los Oficiales Correccionales”, del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC).
“Uno de los propósitos de atender este proyecto es buscar aprobar esta legislación y a eso estamos encaminados. En términos generales, lo que quisiéramos es dar paso a un salario de $3,500 mensuales, pero también tenemos que ser conscientes que estamos en un proceso de crisis fiscal. Aún así, me siento aliviado de ver, que finalmente estos funcionarios verán una justicia en su salario’, expresó Ortiz Lugo.
‘’Nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de identificar fondos y adjudicarlos debidamente, pero con la responsabilidad que amerita. Hay que buscar soluciones claras y no tengo dudas que vamos en la dirección correcta’’, agregó.
Los legisladores recibieron el insumo del DRC, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Alianza Correccional Unida (ACU), sindicato que representa a los oficiales correccionales.
En la audiencia pública, la secretaria del DRC, Ana Escobar Pabón, indicó que la agencia cuenta con $361 millones en su presupuesto para este año fiscal. De ese monto, el 75 por ciento se utiliza para la nómina de la agencia.
Escobar Pabón estableció que a pesar de recibir el aval del Gobernador para un aumento dirigido a los Oficiales de Custodia de $500 mensuales a partir de julio de 2022, el DRC tendrá que conseguir $124,165 adicionales para lograr ascender el sueldo a 1,244 oficiales correccionales y 151 oficiales de servicios juveniles.
La Secretaria también añadió que el DRC tiene ante sí la posibilidad de perder este año alrededor de 250 empleados debido a que son elegibles a la jubilación. De igual forma, detalló que están enfrentando retos significativos con filtraciones en los techos de cada facilidad correccional, las ventanas, verjas perimetrales y dificultades en los controles con los reos. Entretanto, Escobar Pabón avaló el Proyecto del Senado 459.
De acuerdo con la medida, los oficiales correccionales no reciben un aumento salarial desde hace aproximadamente una década. A su vez, el salario base a los Oficiales de Corrección, que será efectivo desde el 1 de julio de 2022, será aplicado a los nuevos funcionarios del Departamento y del Programa de Instituciones Juveniles más a aquellos que ya se encuentren en la agencia y su salario se encuentre por debajo del establecido por la nueva legislación.
Por otra parte, la presidenta de la ACU, Jessica Martínez Santos, propuso que la medida sea enmendada para que el salario base sea $2,860 en lugar de $2,350, con el fin de que el incremento salarial se aplique a todo el Cuerpo de Oficiales Correccionales.
‘’El trabajo de un oficial correccional es muy difícil, peligroso y de alto riesgo. La necesidad de tener un salario competitivo y digno es urgente por la necesidad de retención del recurso humano que está emigrando y la dificultad de reclutamiento por el salario tan bajo que se recibe por nuestras funciones. Ya es tiempo que se garantice un salario digno que recompense la milla extra que a diario damos los oficiales correccionales para garantizar la seguridad dentro de las instituciones penales de nuestro país’’, señaló Martínez Santos.
La Presidenta de la ACU comparó los salarios del oficial correccional en Puerto Rico contra los que reciben sus pares en los Estados Unidos y la diferencia salarial supera los $1,300 mensuales. ‘’Todo esto sin mencionar que las instalaciones son modernas, mejores herramientas de trabajo y beneficios superiores’’.
La funcionaria destacó que actualmente se encuentran compitiendo con una oferta de empleo del Estado de Colorado la cual ofrece a los oficiales correccionales en Puerto Rico un salario base de $4,241, estipendios económicos entre $200 y $300 mensuales, un retiro sin edad del 50 por ciento con 15 años de servicio y 75 por ciento con 20 años. Según ACU, para esta convocatoria han aplicado entre 100 a 150 funcionarios puertorriqueños.
Finalmente, Martínez Santos añadió que el Departamento enfrenta un patrón alto de renuncias debido al bajo salario. ‘’Desde el 2019 se han procesado un aproximado de 427 renuncias en el área de seguridad. Para que tengan una idea, necesitamos reclutar un aproximado de 800 a 1,000 oficiales para garantizar seguridad y rehabilitación en las instituciones penales y otras áreas’’.
Por otro lado, el asesor legal de AAFAF, Jean Peña Payano le recomendó a la Comisión que solicite comentarios al Departamento de Hacienda para determinar si la implementación del proyecto conlleva un impacto en los ingresos del fisco, y por ende, investigar si dicho impacto no es inconsistente con el Plan Fiscal vigente para su puesta en vigor.
El estatuto de la autoría del senador Ramón Ruiz Nieves, argumenta que dicho aumento salarial permitiría al gobierno reclutar talentos y tener servidores públicos del más alto calibre, al ocuparse las plazas vacantes con el personal necesario para atender y brindar los servicios necesarios e indispensables para los ciudadanos.
